ISLAMIA, que es la llave del Golfo

Más de 150.000 suicidios (o mejor homicidios) se produjeron en la India desde la liberalización de la economía que en la agricultura hace caer los precios, aumenta el coste de la vida, garantiza falta de ayudas e introduce las semillas transgénicas de Monsanto. Esas son algunas de las causas del endeudamiento de los pequeños campesinos hindúes. Según la activista Vandana Shiva el Bt. Cotton, un algodón genéticamente modificado vendido por Monsanto, ha venido engañando repetidamente a los agricultores hindúes desde que la empresa comenzara ilegalmente sus experimentos en 1998 y desde que, en 2003,

se autorizó la comercialización de sus semillas. La publicidad de Monsanto prometía a los campesinos una producción de 15 quintales por acre y cerca de 226 dólares de beneficios añadidos. Pero para un gran número de agricultores el Bt, Cotton ha significado la pérdida de cosechas enteras. Otros muchos han cosechado de media sólo tres quintales por acre, una quinta parte de lo prometido.

Investigaciones sobre los cultivos de estaciones anteriores han mostrado para el Maharashtra y el Andrhra Pradesh cosechas medias de 1,2 quintales por acre. Un estudio del Centro para la Agricultura Sostenible hindú probó que mientras las semillas del Bt. Cotton les cuestan a los campesinos 36 dólares por acre, las semillas de los cultivadores orgánicos cuestan solamente 10 dólares por acre, es decir, menos de un tercio. El Bt. Cotton ha de ser rociado tres veces y media con pesticidas, a un coste de 59 dólares por acre. Los cultivadores orgánicos, en cambio, usan para el control de los parásitos substancias ecológicas que cuestan menos de 9 dólares por acre, es decir, una sexta parte del coste del Bt. A causa de los altos costes del cultivo y de los bajos beneficios de su rendimiento, los campesinos hindúes se hallan atrapados en gravosas deudas, para subvenir a las cuales están dejando la vida.

Paul Nicholson, delegado de Vía Campesina visitó las zonas en las que se producían estas muertes. En declaraciones a la prensa, Nicholson afirmó que “estos suicidios son consecuencia directa de un modelo de agricultura intensiva que hizo estragos también en los ‘80 y ‘90 en Centroamérica, pero que tiene repercusiones en todo el mundo, también en el norte. Muchos accidentes laborales y envenenamientos en Inglaterra o Francia esconden suicidios”.

Un asunto tan prioritario como la subsistencia y la alimentación ha sido dejado por políticos y gobiernos en manos de las grandes corporaciones empresariales y el mercado. Tan sólo 10 empresas controlan 95 por ciento del mercado mundial de semillas comerciales ­ que tiene un valor de 30 mil millones de dólares­, mientras hace tres décadas había 7 mil compañías. De ese negocio, los transgénicos representan 21 por ciento del total, alrededor de 6 mil 500 millones de dólares; su importancia radica en que son la base de la alimentación
mundial. La lista de esas firmas la encabeza Monsanto, cuyas ventas pasaron de 2 mil 270 millones de dólares en 2003 a 3 mil 550 millones este año; le siguen Dupont/Pionner, con ventas en 2004 de 2 mil 600 millones de dólares, y la suiza Syngenta, que ese mismo año tuvo ventas por mil 239 millones de dólares.

Sobre la legislación que podría contribuir a detener tal atropello y crimen internacional, un artículo de la revista Seedling (2005) dice que si las analizamos hoy, nos daremos cuenta de que todas las leyes sobre semillas son represoras. Establecen lo que los agricultores no pueden hacer. Dicen qué tipo de semillas no pueden venderse, intercambiarse, y en algunos casos, usarse. Todo en nombre de la regulación del comercio y la protección de los agricultores. En este sentido, las leyes sobre semillas van de la mano con regímenes de derechos de propiedad intelectual como la protección de obtenciones vegetales y las patentes. Ambos tipos de leyes (reglamentos de comercialización y derechos de propiedad) se fortalecen mutuamente.

De hecho, según la situación, las leyes sobre semillas pueden ser mucho peores que eso, ya que excluyen del mercado a las semillas de los agricultores, creando así una especie de apartheid agrícola en aquellos países donde se aplican estrictamente. Las semillas protegidas por derechos de propiedad intelectual ya no pueden ser comercializadas, salvo por quienes las poseen. Las leyes sobre semillas tienden a prohibir también la circulación de las variedades tradicionales (semillas no producidas por la industria semillera ni protegidas por derechos de propiedad intelectual). Todo lo que se puede comprar legalmente son unos pocos ideotipos aprobados por el gobierno.

El tema legal también está presente en los propios Estados Unidos y deja ganancias a la citada transnacional Monsanto. En 1998 esa empresa empezó a demandar a los agricultores de los Estados Unidos y de Canadá por violación de sus exclusivos derechos de patente. Hasta enero de 2005 inició 90 pleitos contra agricultores estadounidenses, que involucran 147 campesinos y 39 pequeñas empresas o empresas agrarias. El Centro de Seguridad Alimentaria estima que Monsanto ha recibido más de 15 millones de dólares americanos gracias a los fallos dictados a su favor. El pago individual más grande registrado por un agricultor fue de 3.052.800 dólares americanos, según la argumentación para la existencia de un Manifiesto Global contra las patentes sobre semillas y animales convencionales.

Las semillas (¿se tendría que recordar?) no son lo mismo que televisores, automóviles o cosméticos. Son el principio de la cadena alimentaria en el mundo y están en manos, por leyes además, de asesinos disfrazados de hombres de negocios en nombre del “sacrosanto” mercado neoliberal.

Fuente: DIAGONAL, agencias, La Jornada, Red del Tercer Mundo