Registro de los Derechos Humanos en Estados Unidos en 2007

Sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por los departamentos judiciales y policiales

En Estados Unidos, los abusos de poder por parte de los departamentos judiciales y policiales han dado lugar a graves violaciones de las libertades y los derechos de sus ciudadanos.

Los casos en los que las autoridades encargadas de la aplicación de la ley vulneraron los derechos civiles de las víctimas aumentaron en un 25% desde el año fiscal 2001 a 2007 respecto a los siete años anteriores, según estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos (Police Brutality Cases up 25%; Union Worried Over Dip in Hiring Standards, USA Today, 18 de diciembre de 2007). El promedio nacional de quejas de ciudadanos por abusos perpetrados por los departamentos policiales es de 9,5 por cada 100 funcionarios de plantilla (The New York Times, 14 de noviembre de 2007). Sin embargo, la mayoría de los oficiales encargados de la aplicación de la ley que habían sido acusados de brutalidad policial no fueron finalmente procesados. Desde mayo de 2001 a junio de 2006, un total de 2.451 agentes policiales de Chicago recibieron entre 4 y 10 quejas cada uno y 662 de ellos afrontaron más de 10 reclamaciones, pero sólo 22 fueron sancionados. Además, algunos agentes llegaron a acumular más de 50 demandas por abuso policial pero nunca se les aplicó ninguna medida disciplinaria (The Chicago Police Department's Broken System, Universidad de Chicago, http://www.law.chicago.edu). El 17 de agosto de 2006, una residente de 52 años de edad de Chicago llamada Dolores Robare estuvo a punto de ser atropellada por un coche de policía que se desplazaba a gran velocidad cuando ella cruzaba la calle. Los agentes la obligaron a detenerse y le exigieron que mostrara su tarjeta de identificación. Cuando les preguntó por qué estaban tardando tanto en comprobarla, fue brutalmente golpeada por los polícías (The Chicago Tribune, 1 de mayo de 2007). El 15 de diciembre de 2006, cuatro hombres de negocios fueron apaleados en un bar por seis agentes policiales fuera de servicio sin ninguna razón aparente (The Chicago Tribune, 9 de junio de 2007). El 3 de agosto, un ciudadano afroamericano de 42 años de edad, Geffrey Johnson, fue asesinado en su casa por la policía con un Taser (arma que realiza descargas eléctricas). El 6 de agosto, un joven negro de 18 años, Aaron Harrison, fue disparado por la espalda por un policía que le perseguía y murió como consecuencia de las heridas (The Chicago Tribune, 9 de agosto de 2007). El 1 de mayo cuando inmigrantes latinoamericanos participaban en una campaña por la defensa de los derechos de los inmigrantes ilegales en el Parque MacArthur en el centro de Los Angeles, varios agentes policiales aporrearon en un abuso de poder tanto a manifestantes como a periodistas, y les dispararon con balas de goma (The Los Angeles Times, 9 de octubre de 2007). El 12 de noviembre, cinco agentes del orden realizaron 20 disparos de bala contra un joven de 18 años, Khiel Coppin, de los que ocho alcanzaron su cuerpo, frente a su vivienda, después de confundir un peine que tenía en la mano con una pistola (The China Press, Nueva York, 19 de noviembre de 2007). De acuerdo con un informe publicado en octubre de 2007 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en 47 estados y el Distrito de Columbia, 2.002 personas fallecieron durante el proceso de arresto desde 2003 a 2005, entre ellos, 1.095, o el 55 por ciento, resultaron muertos por disparos de policías locales o estatales (Death in Custody Statistical Tables, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj.gov/bjs).

Estados Unidos cuenta con el mayor número de presos en el mundo y tiene la tasa más alta en la proporción presos-población del planeta. El 5 de diciembre de 2007,

un reportaje de la agencia de noticias española EFE citó estadísticas del Departamento de Justicia de Estados Unidos que mostraban que el número de reclusos en las cárceles del país norteamericano aumentó en un 500% durante los últimos 30 años. A finales de 2006, había 2,26 millones de internos en las prisiones de Estados Unidos, un incremento del 2,8% respecto al año anterior. Esta cantidad es la más alta de los últimos seis años. La población del país norteamericano sólo suponía el 5% de la del planeta, pero su población presa representaba el 25% del total mundial. Había 751 reclusos por cada 100.000 ciudadanos estadounidenses, muy por encima de las tasas de otros países occidentales (EFE, 5 de diciembre de 2007). El 96% de los presidiarios estaba cumpliendo penas de más de un año, lo que suponía que casi uno por cada 200 ciudadano estadounidenses estaban cumpliendo este tipo de sentencias (Prisoners In 2006, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ofp.usdoj. gob/bjs). Desde los ataques del 11 de septiembre, la tasa de reencarcelamiento ha venido creciendo en Estados Unidos. Según las estadísticas, cerca de dos tercios de la población presa cometerían un segundo delito en un período de tres años después de su puesta en libertad. Dos de cada tres presos volverían a ser detenidos después de haber conseguido su libertad y el 40% de ellos entraría en la cárcel de nuevo.

Los abusos en las prisiones estadounidenses son también corrientes. De acuerdo con un informe publicado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en diciembre de 2007, un número estimado de 60.500 reclusos, o el 4,5% de los presos en cárceles estatales y federales, sufrieron uno o más ataques sexuales. El 2,9% informó haber sufrido incidentes en los que había estado involucrado el personal de las instalaciones penitenciarias, mientras el 0,5% afirmó haber sido atacado sexualmente por otros presos y por el personal penitenciario, y el 0,8% resultó herido como resultado de agresiones sexuales (Sexual Victimization in the State and Federal Prisons Reported by Inmates, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj. gov/bjs). El gobierno de Estados Unidos reconoció en un informe publicado el 16 de enero de 2007 que inmigrantes ilegales sospechosos fueron maltratados en cinco prisiones, lo que supone una violación del principio de custodia humanitaria (The Washington Post, 17 de enero de 2007). The Washington Post publicó el 17 de diciembre de 2007 que jóvenes encarcelados en una prisión juvenil de West Texas fueron agredidos sexualmente o apaleados y se les negó el acceso a tratamiento médico. A quienes informaron sobre el crimen se les aplicó una dura venganza, y la situación no había mejorado meses después de que el escándalo fuera revelado ( Dad Dismissed Prison Reform, The Washington Times, 17 de diciembre de 2007). En enero de 2008, siete presos de la cárcel del estado de Georgia presentaron una demanda colectiva en la que acusaban a los guardias y otros funcionarios del centro de haber cometido abusos y torturas contra ellos entre octubre de 2005 y agosto de 2007, incluyendo prácticas tales como golpearles con bastones policiales y 'guantes de pelea' especiales de piel negra, y hacer chocar sus cabezas contra la pared. Las informaciones de los medios de comunicación indicaban que cerca de 40 encarcelados en las prisiones de Georgia habían presentado quejas por casos similares, en los cuales los guardias presuntamente ataban a los presos desnudos a camas o sillas de hierro, negándoles el acceso a comida, agua o baño durante un período de hasta 48 horas, y provocando la muerte de dos presos (International Herald Tribune, 8 de enero de 2008). Los guardias en las prisiones de Estados Unidos usan regularmente pistolas Taser. De acuerdo con un informe de 2007 de Amnistía Internacional, 230 ciudadanos estadounidenses murieron por el uso de este tipo de armas desde 2001. En julio de 2006, una prisión en el condado de Garfield, Colorado, fue acusada de utilizar regularmente estas pistolas o pulverizadores de pimienta contra los presos, y de atarles después a sillas en posturas extrañas durante varias horas. En agosto, un preso llamado Raul Gallegos-Reyes fue amarrado a una silla por los guardias de la cárcel del condado de Arapahoe de Colorado por gritar y golpear la puerta de su celda. Murió después de haber sido atacado repetidamente por los guardias con un Taser.

Los prisioneros estadounidenses mueren con frecuencia de la infección de VIH/SIDA o una inadecuada atención médica. Un informe dado a conocer por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en septiembre de 2007 señalaba que había 22.480 encarcelados en prisiones estatales y federales que eran portadores del VIH o enfermos confirmados de SIDA a finales de 2005, entre ellos un total de 5.620 presos se confirmó que habían desarrollado la enfermedad del SIDA. Durante 2005, un número estimado de 176 reclusos estatales y 27 federales murieron por causas relacionadas con SIDA (HIV in Prisons 2005, Departamento de Justicia de Estados Unidos, http://www.ojp.usdoj/bjs). De acuerdo con una información de Los Angeles Times del 20 de septiembre de 2007, se registraron 426 casos de muerte en las prisiones de Cailfornia en 2006 debido a un tratamiento médico tardío. De ellos, 18 fallecimientos fueron considerados como 'evitables' y otros 48 como 'posiblemente evitables'. El 14 de abril de 2007, un recluso diabético de 41 años de edad, Rodolfo Ramos, murió después de haber sido abandonado solo y cubierto por sus propias heces durante una semana. Los funcionarios de la prisión no le proporcionaron tratamiento médico pese a conocer su condición (AP, 27 de abril de 2007).

La justicia del sistema judicial de Estados Unidos está cada vez más en entredicho. Varios estudios muestran que desde la primera exoneración por ADN en 1989, ha habido 209 casos en los que se ha podido demostrar la inocencia de presos en el país norteamericano por estas pruebas. El promedio de duración del tiempo que han servido estos presos exonerados en cárcel es de 12 años. La edad media en el momento de su condena era de 26 años, y 15 de los exonerados a través de pruebas de ADN pasaron un tiempo en la fila de la muerte (Facts on Post-Conviction DNA Exonerations, Innocence Project, http://www.innocentproject.com). La agencia AP informó el 3 de enero de 2008 que Charles Chatman de Texas fue probado inocente por la prueba de ADN después de haber pasado 26 años en prisión. En 1981, había sido sentenciado a 99 años de cárcel después de ser declarado culpable de haber cometido graves ataques sexuales. Fue el decimoquinto preso exonerado por la prueba de ADN en Dalas desde 2001 (Texas Man Exonerated by DNA After 26 Years, AP, 3 de enero de 2008).

Fuentes: XINHUA, Argenpress, InSurGente.